En esta obra, lleva a cabo el autor un estudio integral del decomiso, pues las reformas llevadas a cabo no han sido meras actualizaciones, sino que han supuesto un nuevo marco de regulación, presentando múltiples insuficiencias y limitaciones. Parte el autor de la configuración de la institución en la UE concretada en la Directiva 2014/42/UE que reunifica y armoniza el marco jurídico europeo en la materia, para a continuación abordar la regulación sustantiva de nuestro Código Penal modificado por la LO 1/2015. Esta primera parte de la obra se culmina con el análisis del sistema de indicios establecido que se proyecta sobre la carga de la prueba, afectando directamente a la presunción de inocencia. En la segunda parte se aborda la reforma procesal de nuestra LECr operada por la LO 41/2015, que configura un procedimiento de decomiso autónomo como un proceso penal especial, con múltiples contradicciones e incoherencias, en el que es necesario analizar el papel del MF y de la ORGA. Y por último, se trata la nueva regulación de la intervención en el proceso de terceros afectados por el decomiso, a los que no se les da la condición plena de parte, y por lo tanto no les alcanzan las garantías y derechos que le serían propios. En definitiva la nueva regulación del decomiso se inserta en una política de decomiso total, en la que se han sacrificado derechos y garantías constitucionales básicas en favor de la eficacia, intentado el legislador huir del ámbito penal para situarse en un espacio civil, olvidando que el decomiso es una sanción de naturaleza penal, que ha de imponerse por un juez penal en el marco de un proceso penal respetando los derechos y garantías básicas de dicho proceso: la presunción de inocencia, el juicio debido, el derecho a la contradicción y el derecho de defensa.
